Sindicatos y fuerzas políticas cargan contra la concertación del Bachillerato y anuncian movilización, recursos y acciones legales

Los sindicatos CGT, CCOO y STEA han cargado este lunes contra la concertación del Bachillerato en Aragón, una medida que consideran injustificada y perjudicial para la red pública, y han anunciado movilizaciones, recursos y posibles acciones legales para frenarla. A su juicio, el Gobierno aragonés está desviando fondos públicos hacia la enseñanza privada concertada pese a la existencia de miles de plazas vacantes en los centros públicos de la comunidad.

Las organizaciones sindicales sostienen que la ampliación de conciertos en esta etapa educativa no responde a una necesidad real de escolarización, sino a una decisión política que debilita el sistema público y favorece intereses privados. Denuncian además que esta medida puede agravar la segregación escolar y comprometer el principio de igualdad de oportunidades en el acceso a la educación.

En paralelo, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida han trasladado su oposición a las Cortes de Aragón y han advertido de que la concertación del Bachillerato tendrá un impacto negativo en la equidad del sistema educativo. Ambas formaciones consideran que la decisión del Ejecutivo autonómico carece de justificación pedagógica y económica, y alertan de que puede consolidar un modelo dual en el que la pública pierde recursos mientras aumenta la financiación a la privada.

Desde la oposición parlamentaria, CHA e IU han reclamado al Gobierno de Aragón que retire la medida y priorice la inversión en la red pública, especialmente en un contexto en el que persisten vacantes en numerosos centros sostenidos con fondos públicos. Las dos formaciones estudian también iniciativas institucionales para revertir la decisión y exigir explicaciones sobre el uso del dinero público destinado a estos conciertos.

El conflicto se suma a la creciente tensión en el ámbito educativo aragonés, donde sindicatos y partidos críticos anuncian una respuesta coordinada para intentar detener una decisión que consideran lesiva para la escuela pública y para el modelo de igualdad educativa en la comunidad.

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