La Audiencia de Zaragoza ha condenado a dos años y medio de prisión y al pago de 10.465 euros a un ladrón reincidente por una sucesión de robos cometidos a finales de 2023 en al menos tres explotaciones agrícolas de Caspe, donde sustrajo más de 600 litros de gasoil, remolques, ciclomotores, herramientas y otros efectos. La sentencia, dictada este martes, le atribuye un delito continuado contra el patrimonio y rebaja la pena respecto a los siete años y medio que reclamaba inicialmente la Fiscalía por un hurto y dos robos con fuerza.
El acusado, A. R. T., reconoció los hechos en el juicio, en el que una de las perjudicadas, la abogada Teresa Arpal, ejerció la acusación particular junto a Javier Catalán. La intervención de la acusación permitió cerrar una condena de prisión para el procesado, que acumula antecedentes por delitos similares.
Según la resolución, el hombre se instaló en Caspe en 2023 y alquiló una vivienda en la urbanización de Pescadores. El propietario denunció que dejó de pagar las mensualidades y que, además, le robó herramientas y útiles almacenados en naves próximas. La casa acabó siendo utilizada como almacén del material sustraído, lo que llevó a la Guardia Civil a centrar sobre él su investigación.
La detención se produjo en el propio domicilio. En un primer momento solo estaba dentro la pareja del sospechoso, pero poco después llegó él en coche. Al advertir la presencia de los agentes, intentó huir acelerando, aunque fue interceptado en las inmediaciones.
Los primeros hechos se remontan al 18 y 19 de noviembre de 2023, cuando se llevó un remolque estacionado en un polígono industrial. En diciembre cometió otros dos robos. En uno de ellos accedió a unos almacenes tras fracturar las puertas con una radial y se apoderó de una minimoto, un ciclomotor, herramientas y 600 litros de gasoil. En el otro botín incluyó otro ciclomotor, dos remolques, cinco garrafas de combustible, un depósito de agua de mil litros, un baúl maletero, una bomba eléctrica y diverso material de pesca.
Tras la condena dictada por el magistrado Mauricio Murillo, presidente de la Sección Sexta, la defensa pidió la suspensión de la pena de prisión. Fiscalía y acusación particular se opusieron al considerar que el acusado ya había recibido antes beneficios similares sin abandonar su actividad delictiva y que el daño causado aún no ha sido reparado.
En el momento de su detención, tanto A. R. T. como su pareja tenían vigente una orden de búsqueda y detención dictada por un juzgado de Tarragona por otro robo con fuerza. La decisión sobre una eventual suspensión de la pena queda ahora pendiente de la resolución definitiva del tribunal.
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