La caída de la prórroga de los contratos de alquiler podría agravar de forma notable la presión económica sobre miles de hogares inquilinos en Aragón. Un estudio de Oxfam Intermón advierte de que el rechazo a esta medida por parte de PP, Vox y Junts elevaría el porcentaje de personas en situación de sobreesfuerzo económico del 35% al 62%, al entenderse como tal destinar más del 30% de los ingresos al pago del alquiler.
El informe alerta además de que, entre los hogares con menores recursos, esa proporción podría alcanzar el 92%, una situación que empujaría a muchas familias a desplazarse a zonas más alejadas, aceptar viviendas en peores condiciones o vivir lejos de su entorno laboral y social. Según la organización, casi tres millones de personas quedarían expuestas a lo que denomina “desahucios invisibles”.
Ante este escenario, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha anunciado una primavera de movilizaciones en defensa del derecho a la vivienda. Las organizaciones convocantes consideran que la desaparición de la prórroga incrementará la inestabilidad residencial y dificultará aún más el acceso a un alquiler asequible, especialmente en las ciudades aragonesas con mayor tensión del mercado inmobiliario.
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