El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha dictado un auto que suspende de forma cautelar la financiación con fondos públicos de los cursos de Bachillerato en centros privados para el próximo periodo escolar. El conflicto legal surgió tras las denuncias de la comunidad educativa de la escuela pública y la oposición, quienes argumentaban que la medida se aprobó de forma irregular por un Ejecutivo que en ese momento se encontraba en funciones.
Ante el ajustado calendario y el revés de los tribunales, el presidente de la comunidad, Jorge Azcón, ha reconocido públicamente que resulta «muy, muy difícil» sacar adelante los conciertos para este mes de septiembre. En lugar de alargar el pulso judicial y recurrir la decisión, el Gobierno de Aragón ha optado por una retirada estratégica: asume el parón y pospone la concertación del Bachillerato para el curso 2027-2028, asegurando que para entonces se hará «con todas las garantías jurídicas».
Mientras la Consejería de Educación critica la parálisis y afirma que miles de familias se quedarán sin poder elegir el centro de estudios para sus hijos, los sindicatos y colectivos de la escuela pública celebran la suspensión temporal como una victoria clave contra la privatización de los recursos educativos.
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