Voces del sector energético han advertido de que mientras otros países europeos están apostando por prolongar la vida útil de sus centrales nucleares hasta 2039, en Aragón se corre el riesgo de cerrar la puerta a una oportunidad estratégica para el Bajo Aragón. Según estas posiciones, la decisión de no avanzar en esa dirección supondría limitar las opciones de desarrollo industrial y económico de la comarca, además de dificultar el cumplimiento de los objetivos marcados por la Agenda 2030.
Desde este entorno se insiste en que la continuidad de estas instalaciones permitiría mantener empleo directo e indirecto, reforzar la actividad de empresas auxiliares y sostener una parte relevante del tejido productivo local. En contraste, alertan de que renunciar a esa posibilidad dejaría al territorio en una situación de mayor incertidumbre, precisamente en un momento en el que reclama inversiones y estabilidad para garantizar su futuro.
Las críticas se centran también en la falta de una alternativa clara para compensar el peso económico que estas centrales tienen en la zona. En ese sentido, defienden que el debate sobre la transición energética debe tener en cuenta la realidad del Bajo Aragón y no traducirse en una pérdida de oportunidades para un territorio que, aseguran, necesita mantener actividad y empleo mientras avanza hacia nuevos modelos de desarrollo.