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La Plataforma Loporzano Vivo Sin Ganadería Intensiva ha presentado alegaciones contra la instalación de dos macrogranjas porcinas en el término municipal de Loporzano, en la provincia de Huesca, que sumarían una capacidad de 14.000 cerdos. Según denuncian, los dos proyectos se han planteado con una separación de apenas 1.000 metros entre sí y calculados al límite de la capacidad máxima permitida, con el objetivo de sortear los requisitos del Inaga.

La plataforma vecinal sostiene que estas instalaciones supondrían un nuevo impulso a la ganadería intensiva en la zona y alerta de sus posibles efectos sobre el entorno y la calidad de vida de los vecinos. El colectivo ha reiterado su rechazo a este tipo de proyectos y pide que se tenga en cuenta el impacto acumulado sobre un municipio que, aseguran, ya soporta una elevada presión ambiental.

Fernando Samper ha dejado la presidencia de Forestalia, cargo que pasa ahora a su hijo Ricardo, en un relevo que coincide con la creciente presión por las presuntas tramas corruptas vinculadas a la empresa. La decisión se conoció apenas un día después de que Samper compareciera en el Senado, dentro de la comisión de investigación sobre las mediaciones de Koldo García, en una intervención de más de dos horas que mantuvo la atención sobre el empresario aragonés y su papel en la expansión del grupo energético.

La comparecencia dejó en evidencia el interés de Samper por proyectar la imagen de un empresario de éxito y referente en el sector, en medio de un contexto cada vez más incómodo para Forestalia. La compañía, asentada en Aragón y convertida en uno de los principales actores de las renovables en la comunidad, sigue en el centro del debate público por el impacto de sus proyectos y por las sospechas que rodean algunas de sus relaciones institucionales y empresariales.

Unas 300 firmas han sido presentadas ante el Departamento de Educación para pedir un relevo en el equipo directivo del CEIP Cesáreo Alierta, en Zaragoza, en medio de un clima de tensión que las familias del centro describen como prolongado y marcado por movilizaciones, quejas formales y un procedimiento judicial abierto.

Según trasladan las familias, la situación en el colegio se ha agravado en los últimos meses hasta desembocar en una petición expresa de cambios en la dirección. El conflicto ha cobrado especial visibilidad tras la decisión de instalar una valla de segregación junto al CEIP Doctor Azúa, una medida que ha generado nuevas críticas y ha intensificado el malestar en la comunidad educativa.

Las familias sostienen que el conflicto arrastra ya varios episodios de confrontación interna y reclaman una intervención del Departamento de Educación para reconducir la situación en el centro zaragozano.

El grupo municipal de Izquierda Unida-Ganar Alcañiz ha alertado, tras el pleno celebrado este lunes, de lo que considera un modelo económico “fallido” en el Ayuntamiento, al detectar un desfase de casi cuatro millones de euros en las cuentas municipales.

La formación critica una gestión sustentada, según afirma, en previsiones irreales, gasto sin respaldo y una baja capacidad de ejecución. Desde IU-Ganar Alcañiz sostienen que la situación financiera refleja una planificación deficiente y una desviación significativa entre lo presupuestado y la realidad contable.

El grupo municipal pide explicaciones sobre el estado de las cuentas y reclama una revisión del rumbo económico del consistorio para evitar que el desfase comprometa futuros proyectos y la estabilidad financiera del municipio.

Amazon ha iniciado una nueva fase de expansión en Aragón con la previsión de levantar 30 centros de datos en distintos puntos del territorio, una operación que vuelve a situar a la comunidad en el foco de las grandes infraestructuras digitales de alto consumo energético. La multinacional presenta el proyecto como una apuesta de desarrollo, pero sobre el terreno persisten las dudas sobre el empleo real que dejará en las comarcas afectadas.

Los municipios de La Puebla de Híjar, Azaila, San Mateo de Gállego y Uesca se encuentran entre los espacios señalados para albergar estas instalaciones electrointensivas, que requerirán importantes recursos energéticos e hidráulicos. Pese a la magnitud de la inversión, la creación de puestos de trabajo estables vuelve a quedar en entredicho.

La compañía ha recurrido a una estimación de empleos directos que, según denuncian las voces críticas, no cumple con el requisito de impacto laboral necesario para justificar la declaración de inversión de interés general. En Aragón, el debate se reabre en torno al modelo de implantación de estas macroinfraestructuras y a sus consecuencias para los territorios que las acogen.

Mientras Amazon consolida su presencia en la comunidad, crecen las críticas por el desequilibrio entre el coste territorial de los proyectos y el retorno social y laboral que generan. Para los municipios implicados, la segunda expansión de la tecnológica reaviva la preocupación por un desarrollo que, una vez más, podría dejar más carga ambiental que empleo estable.

STEPA ha calificado de “victoria histórica” la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el abuso de temporalidad en las administraciones públicas, al considerar que “aboca a hacer fijos a 20.000 interinos” del Gobierno de Aragón.

El sindicato aragonés se ha concentrado este martes ante la sede del Gobierno de Aragón en Zaragoza para celebrar el fallo europeo, que, según denuncia, constata que en España no existen medidas eficaces para sancionar el abuso de la temporalidad en el empleo público. STEPA sostiene que, ante esa falta de mecanismos reales de castigo, la única salida pasa por convertir en fijas a las personas afectadas.

La movilización se ha desarrollado en la capital aragonesa en un clima de satisfacción entre representantes y simpatizantes del sindicato, que consideran que la resolución del TJUE refuerza las reclamaciones del personal interino y temporal de la Administración autonómica, cuya situación, afirman, se ha prolongado durante años sin una solución definitiva.

STEPA interpreta la sentencia como un respaldo a sus denuncias sobre la precariedad estructural que afecta a miles de trabajadores y trabajadoras de la DGA, y confía en que el pronunciamiento europeo obligue a las administraciones a dar una respuesta inmediata al abuso de temporalidad en Aragón.

Un trabajador de 56 años, vecino de Calamocha, ha fallecido este martes en Montalbán mientras realizaba labores de descarga en el polígono Cuencas Mineras. El accidente laboral se produjo cuando el operario desempeñaba tareas para la empresa Transportes Tortajada, según han confirmado fuentes cercanas al suceso.

Con esta muerte, Aragón suma ya diez fallecimientos en el trabajo en lo que va de 2026, una cifra que vuelve a poner el foco sobre la siniestralidad laboral en la comunidad. Desde el ámbito sindical han lamentado el nuevo accidente y han advertido de que esta situación constituye “un drama de primer orden social”, al tiempo que han reclamado medidas urgentes para reforzar la prevención y la vigilancia en los centros de trabajo.

El Gobierno español ha aprobado una regularización extraordinaria de personas migrantes que permitirá solicitar, desde el 16 de abril, una autorización de residencia y trabajo de un año de duración. La medida podrá beneficiar a quienes acrediten haber residido en el Estado antes del 1 de enero de 2026, dentro de un proceso que se presenta como una vía excepcional de acceso a la documentación.

En Aragón, organizaciones sociales calculan que unas 17.000 personas podrían acogerse a esta iniciativa. La plataforma Regularización Ya ha valorado la decisión como un “paso histórico” y ha subrayado la necesidad de acompañar ahora a las personas interesadas durante la tramitación, después de años de movilización y reivindicación.

En Zaragoza, este sábado se celebrará una jornada de apoyo y sensibilización para respaldar esta campaña y mantener activa la demanda de una respuesta estable para las personas migrantes que viven en la comunidad.

Izquierda Unida Aragón ha puesto en marcha una red de apoyo en sus sedes para ayudar a la ciudadanía a tramitar la solicitud de prórroga del alquiler, una medida pensada para frenar las subidas abusivas del precio de la vivienda y dar un respiro a las familias arrendatarias.

La formación ha hecho un llamamiento a la clase trabajadora aragonesa para que defienda su derecho a una vivienda digna y aproveche este servicio de asesoramiento directo, disponible en distintos puntos del territorio, antes de que las derechas intenten bloquear la medida.

Desde IU Aragón subrayan que esta iniciativa busca facilitar el acceso a una herramienta legal que consideran fundamental en un contexto de encarecimiento del alquiler y dificultades crecientes para mantener el hogar. La organización insiste en la necesidad de actuar con rapidez para que las personas interesadas puedan presentar la solicitud dentro de plazo y no pierdan esta posibilidad.

CHA ha pedido al Gobierno de Aragón que declare Bien de Interés Cultural el Monasterio de Santa Cruz de Chaca con el objetivo de que el edificio pueda acoger un centro cultural dedicado al Reino de Aragón. La iniciativa, impulsada por el grupo municipal aragonesista, también reclama que la sede definitiva del Archivo de Santa Cruz de la Serós se ubique en Chaca, integrada en lo que denominan el Archivo histórico de la Cuna de Aragón.

Desde CHA defienden que el monasterio, por su valor patrimonial e histórico, debe tener un uso acorde a su relevancia y convertirse en un espacio de referencia para la difusión de la historia aragonesa. La formación considera que esta propuesta reforzaría el papel de Chaca como enclave clave en la memoria del antiguo Reino de Aragón y contribuiría a la conservación y puesta en valor del patrimonio de la zona.