Categoría: Actualidad

Las familias del CEIP Césareo Alierta han expresado su malestar por el coste de casi 48.000 euros de la valla instalada para separar este centro del CEIP Doctor Azúa, en Zaragoza. Consideran desproporcionado el gasto y critican que la intervención haya puesto fin a una convivencia entre ambos colegios que se mantenía desde hace años.

Según trasladan, la medida no responde a una necesidad prioritaria y desvía recursos que, a su juicio, deberían destinarse a otras mejoras más urgentes en las instalaciones educativas. La actuación ha generado rechazo entre parte de la comunidad escolar, que ve en esta separación física un paso atrás en la relación entre los dos centros del barrio.

La presión vecinal y las movilizaciones impulsadas por la Plataforma Árboles Vivos Huesca han conseguido que el proyecto de la rotonda de Harineras, en Uesca, sufra modificaciones. Aunque el colectivo considera que los cambios introducidos no son todavía suficientes, interpreta las rectificaciones como un avance fruto directo de la protesta ciudadana.

La plataforma sostiene que la intervención inicial planteada por el Ayuntamiento no atendía las reivindicaciones para proteger el arbolado de la zona y reducir el impacto urbanístico de la actuación. Tras las movilizaciones y la respuesta social registrada en las últimas semanas, el proyecto ha sido revisado con ajustes que el colectivo valora como una victoria parcial.

Pese a ello, Árboles Vivos Huesca insiste en que seguirá vigilante para reclamar más cambios y garantizar una solución que, a su juicio, respete de forma real el entorno verde de Harineras y responda al interés general de la ciudad.

La sesión de investidura de Jorge Azcón en las Cortes de Aragón ha dejado este martes una cascada de críticas por parte de la oposición, con especial atención a varios asuntos que afectan de lleno al territorio aragonés, entre ellos la gestión sanitaria en el Bajo Aragón, la política hidráulica en el Matarraña, la despoblación y el debate sobre las lenguas propias de la comunidad.

La portavoz socialista, Pilar Alegría, ha cargado contra el candidato popular por haber, a su juicio, “renunciado al diálogo” y haber sellado un pacto de supervivencia con Vox que “debilita a Aragón desde el primer día”. Alegría ha advertido de que el acuerdo entre PP y Vox tendrá consecuencias directas sobre los servicios públicos y ha señalado el riesgo de privatización en educación y sanidad, además de retrocesos en convivencia y derechos.

Desde Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo ha puesto el foco en el Bajo Aragón Histórico al criticar con dureza la referencia del acuerdo programático a “liberar a Aragón de la imposición del catalán” mediante una reforma legal y la supresión del Instituto Aragonés del Catalán. El portavoz de CHA ha defendido que el catalán no es una lengua impuesta y ha reivindicado la diversidad lingüística como parte inseparable de la identidad aragonesa. Pueyo ha citado además al escritor Desideri Lombarte, de Pena-roja de Tastavins, para defender que “parlar català és la nostra forma de ser aragonesos”.

El portavoz de CHA también ha valorado la defensa de la construcción de las balsas laterales del Matarraña, a las que ha considerado la única propuesta hidráulica del futuro Ejecutivo que no calificó de “rancia”. En este sentido, ha contrapuesto esa iniciativa con su rechazo a proyectos como Yesa y Biscarrués, al entender que abren la puerta a futuros trasvases del Ebro.

Por su parte, Tomás Guitarte, de Teruel Existe, ha criticado la falta de concreción del bloque dedicado al medio rural y a la lucha contra la despoblación, que ha definido como “inconcreto, generalista y muy insuficiente”. Según ha señalado, estas medidas ocupan un espacio muy reducido dentro del acuerdo, frente al peso que tienen otras cuestiones como la rebaja fiscal. Guitarte ha denunciado que el documento pretende apropiarse de las reivindicaciones del territorio sin aportar cambios reales y ha lamentado que la financiación municipal siga siendo una de las grandes olvidadas, obligando a pequeños ayuntamientos a recurrir a fórmulas externas para sostener los servicios públicos.

En clave sanitaria, la representante de Izquierda Unida, Marta Abengochea, ha citado el Hospital de Alcañiz al referirse a la incorporación de médicos de empresas privadas para pasar consulta, realizar guardias y operar en centros públicos aragoneses. Abengochea ha asegurado que el pacto PP-Vox supone “el mayor peligro para la seguridad en Aragón” y ha advertido de que empeorará la calidad de vida de la ciudadanía al abrir la puerta, según ha dicho, a la privatización de la sanidad y la educación.

La diputada de IU también ha acusado al acuerdo de estar basado en un discurso que supone un ataque frontal a los derechos humanos y en la idea de “prioridad nacional”, que ha vinculado con el racismo y el clasismo. La segunda jornada del debate de investidura ha evidenciado así la distancia entre el futuro Gobierno de Azcón y una oposición que ha puesto el acento en varios de los asuntos más sensibles para Aragón y, en particular, para comarcas como el Matarraña y el Bajo Aragón.

Jorge Azcón ha sido reelegido este miércoles presidente de Aragón con el respaldo de Vox, formación con la que el PP suma mayoría absoluta en las Cortes autonómicas. La investidura ha salido adelante con 40 de los 67 escaños, uno menos en la sesión por la ausencia de la diputada Lorena García, que no ha podido acudir por motivos médicos.

El líder popular inicia así su segundo mandato al frente del Ejecutivo aragonés y se convierte en el primer presidente del PP en repetir en el cargo en la comunidad. Para lograrlo, Azcón ha necesitado 80 días desde el adelanto electoral hasta cerrar un acuerdo de gobierno con Vox, en el que los populares han cedido tres de las nueve consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia, además de un senador autonómico y la vicepresidencia de las Cortes.

El pacto también incorpora exigencias programáticas de Vox, entre ellas la denominada “prioridad nacional” en el acceso a determinadas ayudas y a la vivienda. PSOE, CHA, Teruel Existe e IU han votado en contra y pasarán a la oposición durante los próximos cuatro años.

En su intervención tras la votación, Azcón ha asegurado que asume la presidencia con el objetivo de cumplir el programa pactado y gobernar “sin tomar ninguna decisión en contra de los aragoneses”, con el respeto al estado de derecho y a las reglas democráticas como base de su mandato. “Lo importante es que se gobierne bien”, ha señalado.

El presidente ha avanzado además que el primer Consejo de Gobierno de la coalición PP-Vox, previsto para el lunes, aprobará el Plan de Interés General de Aragón (PIGA) para la gran ampliación de los centros de datos de Amazon, entre ellos el proyectado en La Puebla de Híjar.

Por su parte, el líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, ha defendido que su formación entra en el Gobierno sin renunciar a sus principios. “Seremos parte del Gobierno, pero no dejaremos de ser Vox”, ha afirmado, al tiempo que ha insistido en que su apoyo no será “un cheque en blanco”. Nolasco ha subrayado que el acuerdo firmado incluye medidas concretas, plazos y compromisos verificables, y ha asegurado que su partido vota sí a la investidura “por Aragón y por España”.

El sindicato y representantes del Personal Técnico Especialista de Laboratorios y Talleres de la Universidad de Zaragoza se han concentrado este miércoles en el Paraninfo para reclamar a la rectora el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno de la institución.

Bajo el lema “Rectora, haga cumplir los acuerdos del Consejo de gobierno de Unizar”, la protesta ha puesto el foco en la reivindicación de “la implementación del Grupo B para todo este personal técnico”, una demanda que, según los convocantes, sigue pendiente pese a haber sido aprobada en los órganos de gobierno universitarios.

La movilización se enmarca en las reivindicaciones del colectivo para exigir mejoras laborales y profesionales dentro de la Universidad de Zaragoza, en una protesta celebrada en pleno corazón académico de la capital aragonesa.

Aragón ha rendido homenaje en Zaragoza a 18 víctimas del franquismo en un acto de memoria, justicia y reparación en el que se ha reivindicado el valor de sus trayectorias y el compromiso de la sociedad aragonesa con la verdad histórica. Entre las personas reconocidas figuran Vicente Basanta, Lola Campos, Wirberto Delso, José Antonio Labordeta, Maite Solas, Floreal Torguet, Katya Acín, José Luis Alcazo, Encarnación Fuyola, Joaquín Saludas, María Sánchez Arbós, Manuel Sender, Jerónimo Barquero, Joaquín Carbonell, Pilar Lisón, Palmira Pla, Ramón Segura y Florentina Tregón, todas ellas destacadas por su lucha por la democracia y la libertad.

Durante el acto, celebrado en la capital aragonesa, se subrayó que la historia no puede ocultarse ni olvidarse, en referencia a la necesidad de preservar la memoria de quienes sufrieron la represión franquista y de reconocer públicamente su aportación a los derechos y libertades. El homenaje se enmarca en las iniciativas de reparación simbólica impulsadas en Aragón para dignificar a las víctimas y reforzar el compromiso institucional con la memoria democrática.

La segunda sesión del debate de investidura en las Cortes de Aragón ha dejado una batería de críticas de la oposición al pacto entre PP y Vox que llevará a Jorge Azcón a la presidencia del Gobierno autonómico. Aunque buena parte de las intervenciones han girado en torno a cuestiones de alcance general, varios portavoces han puesto el foco en asuntos que afectan de forma directa a distintos puntos del territorio aragonés, con especial atención al Bajo Aragón, el Matarraña y la sanidad pública en la provincia de Teruel.

La portavoz socialista en las Cortes, Pilar Alegría, ha arremetido contra Azcón por lo que considera una renuncia al diálogo y un acuerdo de supervivencia política con Vox que, a su juicio, debilita a Aragón desde el primer día. Según ha sostenido, el pacto evidencia que el peso real lo tendrá la formación de extrema derecha y advierte de que sus postulados condicionarán decisiones clave del futuro Ejecutivo. En su intervención, ha señalado también riesgos de privatización en educación y sanidad, además de alertar sobre un retroceso en derechos y convivencia.

Desde Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo ha centrado parte de su discurso en la mención del acuerdo a la defensa del catalán en Aragón, al que el documento del PP y Vox se refiere como una “imposición”. El portavoz de CHA ha defendido que el catalán forma parte del patrimonio lingüístico aragonés y ha rechazado que sea una lengua impuesta. Además, ha vinculado la diversidad lingüística con la identidad de los territorios del este de la comunidad y ha cargado contra la intención de reformar la Ley de Patrimonio Cultural Aragonés y suprimir el Instituto Aragonés del Catalán.

Pueyo también ha aludido a la construcción de las balsas laterales del Matarraña como una de las pocas propuestas hidráulicas del futuro Gobierno que, a su entender, no responde a planteamientos “rancios”. En este punto, ha contrapuesto esa iniciativa a la posición del pacto sobre los embalses de Yesa y Biscarrués, que considera una antesala de futuros trasvases del Ebro.

Por su parte, Tomás Guitarte, de Teruel Existe, ha criticado el apartado del acuerdo dedicado al medio rural y a la lucha contra la despoblación, al que ha tachado de insuficiente, generalista e impreciso. Ha denunciado que estas medidas ocupan una parte mínima del documento y ha reprochado al nuevo Ejecutivo que trate de apropiarse de las reivindicaciones del territorio sin voluntad real de transformar el modelo de desarrollo. También ha cuestionado la financiación municipal y comarcal, que considera desactualizada y claramente insuficiente para sostener los servicios públicos en los pequeños municipios.

En la misma línea de preocupación por la sanidad pública, la diputada de IU Marta Abengochea ha citado el Hospital de Alcañiz al referirse a la entrada de médicos de empresas privadas para pasar consulta, realizar guardias y operar en centros públicos aragoneses. Ha calificado el pacto PP-Vox como un riesgo para la seguridad y la calidad de vida en Aragón, y ha acusado al futuro Gobierno de favorecer los intereses privados en detrimento de los servicios públicos. Según ha denunciado, el acuerdo se apoya en un discurso que ataca los derechos humanos y pretende desregular para facilitar negocios privados, especialmente en sanidad y educación.

El debate de investidura continúa marcado por la confrontación política y por referencias constantes a cuestiones sensibles para Aragón, con especial impacto en la provincia de Teruel y en comarcas como el Matarraña y el Bajo Aragón.

La caída de la prórroga de los contratos de alquiler podría agravar de forma notable la presión económica sobre miles de hogares inquilinos en Aragón. Un estudio de Oxfam Intermón advierte de que el rechazo a esta medida por parte de PP, Vox y Junts elevaría el porcentaje de personas en situación de sobreesfuerzo económico del 35% al 62%, al entenderse como tal destinar más del 30% de los ingresos al pago del alquiler.

El informe alerta además de que, entre los hogares con menores recursos, esa proporción podría alcanzar el 92%, una situación que empujaría a muchas familias a desplazarse a zonas más alejadas, aceptar viviendas en peores condiciones o vivir lejos de su entorno laboral y social. Según la organización, casi tres millones de personas quedarían expuestas a lo que denomina “desahucios invisibles”.

Ante este escenario, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha anunciado una primavera de movilizaciones en defensa del derecho a la vivienda. Las organizaciones convocantes consideran que la desaparición de la prórroga incrementará la inestabilidad residencial y dificultará aún más el acceso a un alquiler asequible, especialmente en las ciudades aragonesas con mayor tensión del mercado inmobiliario.

La Junta de Personal Docente de Uesca ha denunciado la “inacción” del Gobierno de Aragón ante las graves carencias que, aseguran, arrastran numerosos centros educativos del norte de la comunidad. El órgano representante del profesorado alerta de problemas estructurales en las infraestructuras, falta de personal, aulas saturadas y decisiones administrativas que, según sostiene, están generando un clima de “inseguridad y desprotección” entre los docentes.

En su denuncia, la Junta señala que la situación afecta de forma directa al funcionamiento diario de colegios e institutos de la provincia de Uesca, donde persisten necesidades de mantenimiento, refuerzo de plantillas y mejoras organizativas que, a su juicio, la Administración autonómica no está atendiendo con la urgencia necesaria.

Los representantes del profesorado recuerdan además la convocatoria de huelga educativa prevista para los días 19 y 20 de mayo, una movilización con la que el sector pretende visibilizar el malestar acumulado y exigir respuestas concretas a la DGA. Desde la Junta de Personal Docente insisten en que las deficiencias detectadas no son puntuales, sino el reflejo de una falta de planificación que repercute en la calidad de la enseñanza y en las condiciones de trabajo del personal educativo en Aragón.

La Audiencia de Zaragoza ha condenado a dos años y medio de prisión y al pago de 10.465 euros a un ladrón reincidente por una sucesión de robos cometidos a finales de 2023 en al menos tres explotaciones agrícolas de Caspe, donde sustrajo más de 600 litros de gasoil, remolques, ciclomotores, herramientas y otros efectos. La sentencia, dictada este martes, le atribuye un delito continuado contra el patrimonio y rebaja la pena respecto a los siete años y medio que reclamaba inicialmente la Fiscalía por un hurto y dos robos con fuerza.

El acusado, A. R. T., reconoció los hechos en el juicio, en el que una de las perjudicadas, la abogada Teresa Arpal, ejerció la acusación particular junto a Javier Catalán. La intervención de la acusación permitió cerrar una condena de prisión para el procesado, que acumula antecedentes por delitos similares.

Según la resolución, el hombre se instaló en Caspe en 2023 y alquiló una vivienda en la urbanización de Pescadores. El propietario denunció que dejó de pagar las mensualidades y que, además, le robó herramientas y útiles almacenados en naves próximas. La casa acabó siendo utilizada como almacén del material sustraído, lo que llevó a la Guardia Civil a centrar sobre él su investigación.

La detención se produjo en el propio domicilio. En un primer momento solo estaba dentro la pareja del sospechoso, pero poco después llegó él en coche. Al advertir la presencia de los agentes, intentó huir acelerando, aunque fue interceptado en las inmediaciones.

Los primeros hechos se remontan al 18 y 19 de noviembre de 2023, cuando se llevó un remolque estacionado en un polígono industrial. En diciembre cometió otros dos robos. En uno de ellos accedió a unos almacenes tras fracturar las puertas con una radial y se apoderó de una minimoto, un ciclomotor, herramientas y 600 litros de gasoil. En el otro botín incluyó otro ciclomotor, dos remolques, cinco garrafas de combustible, un depósito de agua de mil litros, un baúl maletero, una bomba eléctrica y diverso material de pesca.

Tras la condena dictada por el magistrado Mauricio Murillo, presidente de la Sección Sexta, la defensa pidió la suspensión de la pena de prisión. Fiscalía y acusación particular se opusieron al considerar que el acusado ya había recibido antes beneficios similares sin abandonar su actividad delictiva y que el daño causado aún no ha sido reparado.

En el momento de su detención, tanto A. R. T. como su pareja tenían vigente una orden de búsqueda y detención dictada por un juzgado de Tarragona por otro robo con fuerza. La decisión sobre una eventual suspensión de la pena queda ahora pendiente de la resolución definitiva del tribunal.