Categoría: Actualidad

La Audiencia de Zaragoza ha condenado a dos años y medio de prisión y al pago de 10.465 euros a un ladrón reincidente por una sucesión de robos cometidos a finales de 2023 en al menos tres explotaciones agrícolas de Caspe, donde sustrajo más de 600 litros de gasoil, remolques, ciclomotores, herramientas y otros efectos. La sentencia, dictada este martes, le atribuye un delito continuado contra el patrimonio y rebaja la pena respecto a los siete años y medio que reclamaba inicialmente la Fiscalía por un hurto y dos robos con fuerza.

El acusado, A. R. T., reconoció los hechos en el juicio, en el que una de las perjudicadas, la abogada Teresa Arpal, ejerció la acusación particular junto a Javier Catalán. La intervención de la acusación permitió cerrar una condena de prisión para el procesado, que acumula antecedentes por delitos similares.

Según la resolución, el hombre se instaló en Caspe en 2023 y alquiló una vivienda en la urbanización de Pescadores. El propietario denunció que dejó de pagar las mensualidades y que, además, le robó herramientas y útiles almacenados en naves próximas. La casa acabó siendo utilizada como almacén del material sustraído, lo que llevó a la Guardia Civil a centrar sobre él su investigación.

La detención se produjo en el propio domicilio. En un primer momento solo estaba dentro la pareja del sospechoso, pero poco después llegó él en coche. Al advertir la presencia de los agentes, intentó huir acelerando, aunque fue interceptado en las inmediaciones.

Los primeros hechos se remontan al 18 y 19 de noviembre de 2023, cuando se llevó un remolque estacionado en un polígono industrial. En diciembre cometió otros dos robos. En uno de ellos accedió a unos almacenes tras fracturar las puertas con una radial y se apoderó de una minimoto, un ciclomotor, herramientas y 600 litros de gasoil. En el otro botín incluyó otro ciclomotor, dos remolques, cinco garrafas de combustible, un depósito de agua de mil litros, un baúl maletero, una bomba eléctrica y diverso material de pesca.

Tras la condena dictada por el magistrado Mauricio Murillo, presidente de la Sección Sexta, la defensa pidió la suspensión de la pena de prisión. Fiscalía y acusación particular se opusieron al considerar que el acusado ya había recibido antes beneficios similares sin abandonar su actividad delictiva y que el daño causado aún no ha sido reparado.

En el momento de su detención, tanto A. R. T. como su pareja tenían vigente una orden de búsqueda y detención dictada por un juzgado de Tarragona por otro robo con fuerza. La decisión sobre una eventual suspensión de la pena queda ahora pendiente de la resolución definitiva del tribunal.

La Fiscalía de Teruel solicita 12 años de cárcel para un joven del Bajo Aragón acusado de agredir sexualmente a una mujer de 22 años durante las Fiestas de la Vaquilla del Ángel de 2024 en la capital turolense. El juicio, celebrado este martes a puerta cerrada en la Audiencia Provincial de Teruel, ha quedado visto para sentencia.

El acusado, que tenía 26 años cuando ocurrieron los hechos, se enfrenta a la misma petición de condena por parte de la acusación particular. Ambas partes sostienen que cometió un delito de agresión sexual con penetración sobre la víctima, con la que había mantenido una relación sentimental, cuando esta tenía anulada su capacidad de decisión tras consumir alcohol y medicación.

Según el escrito de acusación, ambos llegaron a Teruel la noche del 6 de julio de 2024 para participar en las fiestas. Tras consumir bebidas alcohólicas, la joven comenzó a encontrarse indispuesta durante la madrugada y, poco después, envió un audio desde su móvil en el que decía que se iba al coche a descansar porque se encontraba mal.

La Fiscalía sostiene que la víctima regresó al vehículo en compañía del procesado y que, durante el trayecto, llegó a caerse al menos una vez, siendo ayudada por él. Ya en el coche, el acusado habría abatido los asientos traseros, donde ambos se tumbaron, produciéndose después la agresión sexual mientras la joven se encontraba en un estado de semiinconsciencia, letargo o somnolencia que le impedía expresar su voluntad.

La denunciante fue atendida posteriormente en el Servicio de Urgencias del hospital de Alcañiz, dos días después de presentar denuncia. La acusación mantiene que, como consecuencia de los hechos, padece estrés postraumático. El procesado ha negado los hechos y ha pedido su absolución.

Un informe elaborado por el Centre Delàs, en colaboración con colectivos aragoneses por la paz, pone el foco en el avance del denominado Hub de Defensa de Aragón y advierte de sus posibles consecuencias económicas, tecnológicas y éticas. Bajo el título Aragón bajo la inercia bélica, el documento cuestiona la creciente dependencia de la inversión pública ligada al sector militar y la expansión de infraestructuras asociadas a la defensa.

El estudio sostiene que este modelo puede reforzar una orientación productiva centrada en la militarización y reclama un cambio de rumbo hacia una economía de paz, basada en la seguridad humana, la cooperación y la sostenibilidad. Su autor, Davi Montesinos, presenta este miércoles en Zaragoza las conclusiones del informe, en un contexto de debate sobre el papel de Aragón en la estrategia estatal de defensa.

Diversos colectivos vecinales de Zaragoza han convocado un minuto de silencio este miércoles, 29 de abril, frente al Ayuntamiento, para denunciar la falta de respuesta institucional ante el problema del ruido en la ciudad y reclamar medidas urgentes que garanticen el cumplimiento de la normativa vigente.

Las asociaciones alertan de que la contaminación acústica se ha convertido en una “pandemia invisible” que afecta a miles de vecinos y vecinas, vulnera derechos fundamentales y deteriora la salud física y mental de quienes la padecen de forma cotidiana.

Desde el movimiento vecinal señalan que la situación continúa agravándose en distintas zonas de Zaragoza y exigen a las administraciones un refuerzo real de los controles, la aplicación efectiva de la legislación y actuaciones decididas para reducir unas molestias que, denuncian, se han cronificado sin respuesta suficiente.

La Plataforma de Afectados por la Reforma del Coso y la plaza de San Miguel, en Zaragoza, ha denunciado la falta de soluciones reales después de más de un año de reclamaciones sobre los problemas derivados de las obras en este entorno del centro de la ciudad.

El colectivo advierte de que la actuación urbanística sigue sin garantizar accesos seguros ni para los vecinos y vecinas de la zona ni para los servicios de emergencia, y sostiene que al Ayuntamiento “cada vez le queda menos tiempo” para corregir los errores detectados.

Según la plataforma, las deficiencias continúan sin respuesta efectiva pese a las quejas trasladadas durante los últimos meses, mientras los afectados insisten en la necesidad de adoptar medidas urgentes para evitar que la situación se prolongue más tiempo.

Jorge Azcón afronta este miércoles su investidura como presidente del Gobierno de Aragón con el respaldo de PP y Vox, en una sesión marcada por un discurso que ha incorporado parte de las tesis defendidas por la extrema derecha. Durante casi dos horas, el candidato popular ha exhibido una línea política centrada en la llamada “prioridad nacional” y en guiños constantes a su socio parlamentario, en un acuerdo que la oposición interpreta como un giro ideológico de amplio alcance.

PSOE, CHA, IU y Teruel Existe han criticado con dureza el pacto alcanzado entre ambas formaciones, al que han calificado de “pacto de la vergüenza” y de ejemplo de “sumisión a Vox”. Según estos grupos, la nueva legislatura nace condicionada por una agenda de recortes en derechos, un clima de desregulación y un retroceso democrático que puede traducirse en una etapa de inestabilidad institucional.

Azcón será investido previsiblemente gracias a la mayoría absoluta que suman PP y Vox en las Cortes de Aragón, en una votación que confirma el cierre de un acuerdo político que marcará el rumbo del Ejecutivo autonómico. Desde la oposición advierten de que el entendimiento entre ambas fuerzas introduce un fuerte componente ideológico en la acción de gobierno y consolida una estrategia basada en el endurecimiento del discurso político y la asunción de planteamientos de la ultraderecha.

El presidente en funciones del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha situado al Bajo Aragón Histórico entre las prioridades de su próxima legislatura con anuncios concretos para Alcañiz y Caspe durante su discurso de investidura en las Cortes. Entre las principales medidas avanzadas, destacó la incorporación de un robot quirúrgico para el Hospital de Alcañiz, la ampliación del Centro de Salud de Caspe y la aplicación de una fiscalidad diferenciada para el medio rural.

Azcón enmarcó estas actuaciones en su estrategia para frenar la despoblación y reforzar los servicios públicos en las comarcas del sur de Aragón. El jefe del Ejecutivo defendió que el medio rural tendrá un papel central en la nueva etapa y avanzó bonificaciones fiscales para favorecer la compra de la primera vivienda habitual por parte de jóvenes menores de 36 años, así como otras rebajas en impuestos vinculados a la actividad económica y la vivienda en los pueblos.

Durante su intervención, el presidente también hizo referencia a la apertura del nuevo Hospital de Alcañiz, a la evolución de Technopark y a los proyectos impulsados desde el Fondo de Transición Justa y Lanza Teruel. En materia hídrica, volvió a reclamar la construcción de las balsas laterales del Matarraña, una infraestructura largamente demandada en la zona.

Azcón insistió además en la necesidad de que el Gobierno central se implique en el futuro energético de Andorra tras el cierre de la térmica y reclamó que las ayudas al funcionamiento para las empresas de Teruel alcancen el máximo permitido. También pidió avances en carreteras y en la ejecución de las autovías pendientes que atraviesan la comunidad.

La intervención del presidente se produjo en la primera sesión del debate de investidura, antes de que este miércoles tomen la palabra los grupos parlamentarios. Entre ellos, el PSOE, Aragón-Teruel Existe y Vox valoraron con dureza el acuerdo de gobierno y el contenido del discurso. Sin embargo, las principales referencias territoriales para el Bajo Aragón Histórico quedaron centradas en los anuncios sanitarios y fiscales para Alcañiz, Caspe y el conjunto del medio rural aragonés.

El Ayuntamiento de Calanda prevé obtener alrededor de 200.000 euros anuales por el arrendamiento de terrenos municipales en la zona de Las Lomas destinados al desarrollo del proyecto Catalina. El pleno dio este martes luz verde, por unanimidad, a la adjudicación del contrato, un paso que supone avanzar en la tramitación administrativa de esta iniciativa energética impulsada por CIP y vinculada al desarrollo del hidrógeno renovable en el Bajo Aragón.

Además de la renta anual, el consistorio contempla ingresos adicionales derivados de la actividad, como el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). No obstante, el impacto sobre el suelo municipal será muy inferior al inicialmente previsto. De las 568 hectáreas contempladas en un principio, la ocupación quedará reducida a unas nueve hectáreas, tras las reuniones mantenidas con agricultores de la zona.

El alcalde, Alberto Herrero, subrayó que se trata de un proyecto de gran envergadura y larga duración. “Si se cumple en su totalidad, tendrá una duración de 30 años. Son cifras considerables”, señaló. Al mismo tiempo, reclamó mayor agilidad al Gobierno central en la tramitación. “Desde el Ministerio para la Transición Ecológica se lleva un retraso muy considerable. Veremos a ver cómo avanza”, advirtió.

Desde la oposición socialista se valoró positivamente la llegada de esta inversión, aunque se defendió que los beneficios económicos derivados del proyecto deberían revertir de forma directa en el sector primario y en actuaciones para el municipio, como la mejora de caminos rurales o de infraestructuras agrícolas. “La firma de este contrato es una buena noticia. Consideramos que son fondos que podrían dedicarse a cuestiones como la mejora de los caminos de nuestro municipio, o la mejora de instalaciones del sector”, apuntó el portavoz socialista, José Ángel Galve.

En la misma sesión, el Ayuntamiento aprobó también por unanimidad el convenio de colaboración con la comunidad energética local Calanda Genera para la gestión de 15 instalaciones fotovoltaicas municipales. El acuerdo tendrá una vigencia de 25 años y permitirá optimizar la producción eléctrica de estos equipamientos, con el objetivo de generar ahorro tanto para el consistorio como para los vecinos adheridos a la entidad.

El municipio es propietario de 15 placas solares instaladas en edificios municipales, cuyo aprovechamiento pasará a gestionarse a través de esta asociación sin ánimo de lucro. Durante el debate, el grupo socialista cuestionó que el convenio no detalle aspectos como el mantenimiento o los seguros, que seguirán asumiéndose desde el Ayuntamiento, y planteó que estos costes deberían recaer en la comunidad energética. El equipo de gobierno defendió, por su parte, que la gestión energética es compleja y que este modelo permite optimizar la producción y evitar pérdidas, además de garantizar que los posibles beneficios reviertan en Calanda.

La sesión plenaria también sirvió para aprobar modificaciones en el presupuesto municipal tras el informe del Ministerio de Hacienda. Los ajustes afectan tanto a ingresos como a gastos. En el apartado de ingresos, la previsión del ICIO se rebaja de 425.000 a 276.926,50 euros, una corrección motivada, según el gobierno local, por prudencia ante el retraso de varios proyectos energéticos que no generarán ingresos este ejercicio.

En paralelo, el gasto corriente se reduce de 566.110,44 a 418.036,44 euros, mientras que el capítulo de personal baja en torno a 74.000 euros por errores en la previsión inicial y por la no inclusión de algunas jubilaciones previstas durante el año. Herrero defendió que el objetivo es ajustar las cuentas “a lo que realmente se va a ejecutar” y evitar previsiones que no se van a cumplir. El portavoz socialista criticó, sin embargo, que no se convocara una comisión de Hacienda para explicar los cambios y calificó de “sorprendente” que las cuentas tuvieran que modificarse tras su aprobación inicial. El punto salió adelante con los votos del equipo de gobierno y la abstención del Grupo Socialista.

La Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS), que agrupa a diversas organizaciones sociales y ONG de Aragón, ha rechazado con firmeza el acuerdo alcanzado el 22 de abril entre PP y Vox al considerar que “pone freno a la solidaridad” y supone un retroceso en derechos humanos.

La entidad alerta de que el pacto incorpora medidas de carácter “discriminatorio”, restringe la atención a las personas migrantes y plantea recortes en cooperación al desarrollo, unas decisiones que, a su juicio, chocan con los principios básicos de igualdad, inclusión y justicia social.

Desde la FAS sostienen que el contenido del acuerdo abre la puerta a una política más excluyente en Aragón y denuncian que se produzca precisamente en el arranque del debate de investidura, un momento que consideran clave para marcar el rumbo institucional de la comunidad.

La organización insiste en que cualquier gobierno autonómico debe garantizar la protección de los derechos humanos y mantener el compromiso con la solidaridad internacional y la atención a los colectivos más vulnerables.

Los sindicatos OSTA y CUT han reclamado este lunes “medidas urgentes” para frenar el aumento de la siniestralidad laboral en Aragón, donde ya se han contabilizado 10 muertes en el trabajo en lo que va de 2026. Con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, ambas organizaciones han advertido de que la situación es “inasumible” y han vuelto a denunciar la persistencia de una “lacra” que, aseguran, sigue golpeando con dureza a la clase trabajadora aragonesa.

Las centrales sindicales han exigido más recursos para la prevención, un refuerzo de la Inspección de Trabajo y un mayor compromiso tanto de las administraciones como de las empresas. A su juicio, el incremento de los fallecimientos laborales evidencia que las medidas actuales son insuficientes y que resulta necesario actuar de forma inmediata para evitar que la cifra siga creciendo.

OSTA y CUT han insistido en que la seguridad y la salud en el trabajo deben ser una prioridad real en Aragón y no un mero enunciado institucional. En este sentido, han subrayado que la prevención de riesgos laborales requiere vigilancia efectiva, cumplimiento estricto de la normativa y voluntad política para atajar una problemática que, según denuncian, continúa cobrándose vidas en el ámbito laboral aragonés.