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Izquierda Unida ha denunciado que más de 150 médicos sin especialidad ejercen actualmente en la atención primaria de Aragón, una situación que, a su juicio, compromete la calidad asistencial y evidencia la falta de personal sanitario en el territorio.

La formación ha exigido al Gobierno de Aragón que refuerce con urgencia la atención primaria, regularice las plantillas y ponga fin a una práctica que considera irregular. Según ha trasladado, la ausencia de profesionales con la especialización correspondiente está tensionando todavía más un servicio ya lastrado por la sobrecarga y la precariedad estructural.

IU también ha puesto el foco en la situación del Hospital de Barbastro, donde advierte de problemas persistentes de funcionamiento, así como en el Punto de Atención Continuada de Uesca, donde denuncia graves deficiencias que, en su opinión, afectan a la atención que reciben los pacientes de la provincia.

Majorel, integrada en la multinacional Teleperformance, ha comunicado un expediente de regulación de empleo que afectará a 422 trabajadores en Zaragoza, una medida que ha encendido las alarmas entre la plantilla y los sindicatos. OSTA, CGT y SOA han denunciado que la compañía está ejecutando una estrategia de “destrucción de empleo” en Aragón y advierten de que la situación podría desembocar en un “cierre encubierto” de la plataforma.

Las centrales sindicales sostienen que la empresa atraviesa una fase “al borde de la extinción” y critican que el ajuste se concentre de nuevo sobre el empleo en la capital aragonesa, donde la plantilla teme un duro golpe laboral y social. Según los representantes de los trabajadores, el anuncio supone un nuevo paso en el desmantelamiento de la actividad del centro.

Los sindicatos han avanzado que impulsarán movilizaciones en Zaragoza si la dirección mantiene su planteamiento. Consideran que el ERE no responde a una situación coyuntural, sino a una política de recortes que pone en riesgo la continuidad del proyecto empresarial en Aragón y deja a cientos de familias en una situación de máxima incertidumbre.

No has incluido una noticia, sino una receta. Si quieres, puedo reescribirla en formato de noticia local de Aragón para *Noticias Aragonia*, pero necesito que me pegues el texto informativo que deseas adaptar.

El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) ha considerado “no procedente” la solicitud presentada para celebrar el festival Sizigia en La Sotonera y ha concluido que el proyecto debe someterse a una evaluación ambiental. La resolución advierte de que la afluencia prevista de público, el impacto acústico de la música electrónica y las labores de montaje y desmontaje pueden generar afecciones significativas sobre el entorno natural de la zona.

Según el informe, la celebración del evento podría afectar a la fauna silvestre, especialmente a aves migratorias como grullas y milanos, además de a la vegetación natural y a varios hábitats de interés comunitario presentes en el área. El documento también señala riesgos para el suelo, posibles incendios y contaminación de las aguas, por lo que considera necesaria una valoración ambiental más detallada antes de autorizar la actividad.

Pese a no contar aún con la autorización pertinente, la organización del festival ya había iniciado la venta de entradas y había presentado públicamente el proyecto en la Diputación de Uesca. La iniciativa se ha visto además envuelta en controversia por su vinculación con el lavado de cara cultural del colonialismo israelí, un aspecto que ha alimentado el debate en torno a su celebración en territorio aragonés.

El comité de empresa de FCC Parques y Jardines de Zaragoza ha denunciado que la compañía ha ordenado trabajar este domingo, una decisión que, según los representantes sindicales, vulnera el calendario laboral acordado y afecta a los derechos de conciliación de la plantilla.

Los trabajadores consideran que se trata de “una nueva maniobra de mala fe” por parte de la empresa, al modificar la jornada prevista sin respetar la planificación establecida. Desde el comité subrayan que esta medida altera las condiciones de trabajo y perjudica la organización familiar de la plantilla.

La denuncia se centra en el incumplimiento del calendario laboral en un servicio que presta labores de mantenimiento y conservación de zonas verdes en la capital aragonesa. El comité insiste en que cualquier cambio de este tipo debe ajustarse a los acuerdos vigentes y respetar los derechos laborales reconocidos.

Jorge Azcón tomó posesión este jueves como presidente de Aragón tras ser reelegido un día antes con el respaldo del PP y de Vox, formación con la que gobernará al sumar la mayoría absoluta en las Cortes, con 40 de los 67 escaños. En un Patio de Santa Isabel abarrotado de invitados, el jefe del Ejecutivo aragonés inició su intervención visiblemente emocionado y agradeció el apoyo de ambas formaciones, cuyos votos, señaló, representan a más del 52% de los aragoneses.

Durante su discurso, Azcón defendió el acuerdo de gobierno y subrayó la tradición pactista de la comunidad, poniendo el acento en la vivienda, el empleo de calidad, el desarrollo económico y la lealtad institucional. «Aragón avanza cuando hay diálogo, acuerdos y se antepone el interés general a cualquier diferencia personal o ideológica», afirmó, al tiempo que advirtió de que los aragoneses no entenderían que sus representantes situaran la confrontación por delante del bien común.

Sobre su socio de gobierno, el presidente aseguró que, pese a las diferencias, ambas formaciones trabajarán con «lealtad y determinación» para sacar adelante un programa común orientado a mejorar la vida de la ciudadanía. Azcón dibujó además un Aragón que quiere dejar atrás la imagen de territorio de paso para consolidarse como una tierra de oportunidades, capaz de atraer y formar talento y de aprovechar todo su potencial. También apeló a construir una comunidad «más próspera y social», con más oportunidades para todos y unos servicios públicos «cada vez más robustos».

El presidente tendió la mano al resto de fuerzas políticas, a los agentes sociales y a la sociedad civil, y defendió que el Estatuto de Autonomía no debe quedar en un mero ejercicio simbólico, sino traducirse en una aplicación consciente de sus principios. Entre sus principales compromisos para esta legislatura, anunció que el Gobierno multiplicará por tres el parque de vivienda pública y que el objetivo a ocho años es alcanzar un aumento de siete veces respecto a la dotación actual.

Azcón también se comprometió a impulsar el pleno empleo de calidad, vinculado a las inversiones millonarias que están llegando a la comunidad y que, según dijo, están provocando un cambio de paradigma económico en el que conviven los sectores tradicionales con la economía tecnológica en expansión. Asimismo, reclamó al Gobierno central que acelere las infraestructuras necesarias para impulsar el progreso de Aragón y que garantice la financiación suficiente para los recursos públicos.

El presidente insistió en que el debate sobre la financiación autonómica seguirá siendo uno de los ejes centrales del futuro de la comunidad y deberá abordarse, como marca el Estatuto, desde la lealtad institucional y el respeto a las singularidades del territorio y de la sociedad aragonesa. Cerró su intervención recurriendo a Baltasar Gracián y a su conocida reflexión: «hemos de proceder de tal manera que no nos sonrojemos ante nosotros mismos».

Retoman la última fase de las obras de urbanización de la residencia de Alcañiz

Las obras de urbanización vinculadas a la nueva residencia de mayores de la Ronda de Belchite, en Alcañiz, han vuelto a ponerse en marcha esta semana tras permanecer paralizadas durante seis meses. Los operarios de la empresa promotora trabajan de 8.00 a 18.00 con maquinaria pesada en la reforma de la acera izquierda, que permanece levantada y separada de la calzada por un vallado, y en los próximos días acometerán la demolición del muro que linda con la Ribera del Guadalope.

Los trabajos, adjudicados a la sociedad formada por Adiante, ICR Construcción y Bonhomía Care, se prolongarán previsiblemente unas seis semanas, según ha informado el Ayuntamiento de Alcañiz. Mientras tanto, la calle Cantonetes, que conecta la Ronda de Belchite con José Pardo Sastrón, sufre cortes puntuales de tráfico, aunque se procura que no coincidan con las horas de entrada y salida del instituto y de la guardería municipal La Selveta. El Consistorio ha colocado carteles y vallas informativas y ha prohibido el estacionamiento durante el desarrollo de las obras, de modo que la vía queda reservada al tránsito y al acceso a los vados.

También se ha reubicado el contenedor situado al final de la acera en la intersección de Cantonetes con José Pardo Sastrón, que ahora se encuentra más adelante, junto a la calle Concepción Gimeno Gil. La demolición del muro será la actuación más delicada de esta fase por el polvo en suspensión que puede generar en la zona. Para reducir molestias, el Ayuntamiento ha indicado que el escombro se retirará al interior de la parcela y se cargará en camiones dentro del recinto.

La finalización de esta última fase permitirá avanzar hacia la apertura del centro, aunque el proyecto acumula ya un notable retraso respecto a los plazos iniciales. La inauguración se anunció primero para el otoño de 2024 y después se aplazó a 2025. La construcción del edificio y la reforma interior del complejo están terminadas desde hace meses, pero un desacuerdo entre el Ayuntamiento y la promotora sobre los últimos trabajos de urbanización dejó la obra sin actividad durante medio año.

Una vez concluyan estos trabajos, la residencia quedará pendiente de la licencia de actividad municipal y, posteriormente, del visto bueno del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), trámite imprescindible para su apertura. La Fundación Rey Ardid será la encargada de gestionar el complejo, levantado en la parcela de las antiguas Dominicas tras el acuerdo suscrito en 2020 entre el Ayuntamiento, las hermanas Dominicas y la propia fundación.

El proyecto contempla 150 plazas distribuidas en 40 habitaciones dobles y 70 individuales, parte de ellas concertadas con el Gobierno de Aragón, además de un centro de día para 30 personas y alrededor de 80 empleos directos. La actuación incluye también zonas ajardinadas, parque urbano e infantil y espacios accesibles para los usuarios, en una parcela de más de 6.000 metros cuadrados de inmueble residencial.

Gres Aragón ha iniciado una negociación con la representación de los trabajadores para aplicar un ERTE en la planta de Faveker en Alcorisa, donde trabajan 34 personas, ante las dificultades para operar en Oriente Medio, uno de sus principales mercados, y el encarecimiento de la energía y de varias materias primas.

La factoría alcorisana está especializada en la fabricación de fachadas ventiladas de cerámica, productos diseñados para cada proyecto y, por tanto, no almacenables. La actual situación geopolítica impide el envío de estos materiales a países de Oriente Medio y árabes, donde la compañía concentra parte relevante de los pedidos previstos para 2026. Mientras tanto, la empresa ha mantenido la producción del resto de referencias para evitar un parón total, aunque reduciendo la actividad de 24 horas, los siete días de la semana, a cinco días de producción continua, con el consiguiente sobrecoste.

En la negociación con los sindicatos, Gres Aragón ha planteado medidas compensatorias para los empleados afectados durante la vigencia del expediente. La dirección insiste en que se trata de una medida temporal, vinculada exclusivamente a la coyuntura internacional, y confía en recuperar la normalidad en cuanto el mercado lo permita.

La empresa está acelerando la búsqueda de mercados alternativos para esta gama de productos y asegura que cuenta con varios proyectos ya presupuestados que podrían convertirse en pedidos en las próximas semanas. Desde la compañía subrayan además que las fachadas ventiladas siguen teniendo una buena demanda fuera del contexto actual y que la situación no es exclusiva de Alcorisa, ya que otros fabricantes del sector cerámico en España también están aplicando ERTES para ajustar la producción a la caída de actividad derivada del entorno internacional.

El Ayuntamiento de Andorra ha aprobado este martes el presupuesto municipal para 2026, que asciende a 10.021.900 euros, una cifra un 1,51% inferior a la del ejercicio anterior. Las cuentas salieron adelante con los votos favorables del PSOE e Izquierda Unida, la abstención de PP, Vox y Teruel Existe, y el rechazo del PAR.

El capítulo de personal concentra 4.935.350 euros, casi la mitad del presupuesto, y refleja la continuidad del ajuste de plantilla iniciado en los últimos ejercicios. Según explicó la portavoz socialista, Isabel Zamora, desde el cambio de gobierno se han amortizado 12 plazas, entre ellas las de operario de cementerio, operario de matadero y aparejador municipal, mientras que se ha incorporado la de arquitecto municipal. En la actualidad, el consistorio cuenta con 142 trabajadores, frente a los 154 de 2024.

Las inversiones reales suman 1.070.000 euros, una cantidad similar a la del año pasado, financiada íntegramente con fondos propios. Entre las actuaciones previstas figuran la reparación de la cubierta del polideportivo municipal, con 200.000 euros; la obra del colector de la calle Venecia, con 130.000; la mejora de infraestructuras varias, con 125.000; y la adecuación de vías públicas y edificios municipales, con 100.000 euros en cada caso.

En el apartado de ingresos, el Ayuntamiento prevé 2.705.000 euros por impuestos directos, un incremento del 14,28% respecto a 2025, impulsado por el impuesto de actividades económicas vinculado a las plantas solares de Los Arcos y Sedeis de Enel. La principal vía de recaudación seguirá siendo el IBI rústico, con 1,35 millones de euros, seguido del impuesto de vehículos de tracción mecánica, con 520.000 euros. También destacan 1,3 millones de euros en concepto de ICIO, pese a que esta partida cae un 13% respecto al año pasado, y 2,2 millones en transferencias corrientes, más de lo previsto en 2025 por el refuerzo de la financiación de la escuela infantil y por aportaciones de la DPT y la DGA.

El gasto en bienes corrientes y servicios se reduce hasta 3.602.250 euros, un 4,35% menos, mientras que los gastos financieros ascienden a 12.400 euros. En transferencias corrientes se han consignado 380.800 euros, con ayudas nominativas a entidades sociales, culturales y deportivas, entre ellas una nueva subvención para el Andorra C.F. y 195.000 euros para la Comarca Andorra-Sierra de Arcos.

El debate plenario estuvo marcado por las críticas de la oposición. Vox consideró que los ingresos están sobredimensionados y lamentó que no se haya ejecutado todo lo presupuestado el pasado año. El PAR rechazó unas cuentas que calificó de rígidas y sin planificación estratégica. El PP, por su parte, denunció que cerca del 85% del presupuesto se destina a personal y gasto corriente, y pidió una reorganización de los servicios municipales para ganar margen de inversión. Izquierda Unida defendió unas cuentas “saneadas”, con déficit cero, mientras que el alcalde, Rafa Guía, sostuvo que se trata de un presupuesto realista y basado en criterios técnicos.

El pleno aprobó además, por unanimidad, desestimar las alegaciones presentadas por el contratista del servicio de Gestión del Hostal San Macario, al considerar acreditado el incumplimiento del contrato y la retirada de bienes necesarios para la prestación. La empresa deberá indemnizar al Ayuntamiento con 25.661,80 euros, cantidad a la que se descontará la garantía incautada de 3.600 euros.

También salieron adelante dos acuerdos relacionados con las obras de rehabilitación del edificio interadministrativo de servicios al ciudadano: la desestimación de alegaciones del contratista y la ampliación excepcional del plazo de ejecución hasta el 20 de mayo de 2026.

En el tramo final de la sesión, el pleno debatió una moción del PSOE en defensa del mantenimiento de las oficinas liquidadoras en Aragón. La propuesta prosperó con los votos favorables del PSOE y Teruel Existe, mientras PP y Vox votaron en contra, IU se abstuvo y el PAR también optó por la abstención. Los socialistas alertaron de que el cierre de estas oficinas perjudicará al medio rural y obligará a los vecinos a desplazarse o tramitar gestiones por vía telemática.

El río Isuela atraviesa en Uesca una situación “al límite”, según ha denunciado el Partido Verde, que reclama medidas urgentes para garantizar su caudal ecológico y frenar el deterioro de este espacio fluvial en la capital altoaragonesa.

La formación advierte de que el estado del cauce refleja una degradación preocupante y pide a las administraciones competentes una actuación inmediata para proteger un río muy vinculado al entorno urbano de Uesca y a la calidad ambiental de la ciudad.