El Ayuntamiento de Andorra aprueba un presupuesto de 10 millones de euros para este año

El Ayuntamiento de Andorra ha aprobado este martes el presupuesto municipal para 2026, que asciende a 10.021.900 euros, una cifra un 1,51% inferior a la del ejercicio anterior. Las cuentas salieron adelante con los votos favorables del PSOE e Izquierda Unida, la abstención de PP, Vox y Teruel Existe, y el rechazo del PAR.

El capítulo de personal concentra 4.935.350 euros, casi la mitad del presupuesto, y refleja la continuidad del ajuste de plantilla iniciado en los últimos ejercicios. Según explicó la portavoz socialista, Isabel Zamora, desde el cambio de gobierno se han amortizado 12 plazas, entre ellas las de operario de cementerio, operario de matadero y aparejador municipal, mientras que se ha incorporado la de arquitecto municipal. En la actualidad, el consistorio cuenta con 142 trabajadores, frente a los 154 de 2024.

Las inversiones reales suman 1.070.000 euros, una cantidad similar a la del año pasado, financiada íntegramente con fondos propios. Entre las actuaciones previstas figuran la reparación de la cubierta del polideportivo municipal, con 200.000 euros; la obra del colector de la calle Venecia, con 130.000; la mejora de infraestructuras varias, con 125.000; y la adecuación de vías públicas y edificios municipales, con 100.000 euros en cada caso.

En el apartado de ingresos, el Ayuntamiento prevé 2.705.000 euros por impuestos directos, un incremento del 14,28% respecto a 2025, impulsado por el impuesto de actividades económicas vinculado a las plantas solares de Los Arcos y Sedeis de Enel. La principal vía de recaudación seguirá siendo el IBI rústico, con 1,35 millones de euros, seguido del impuesto de vehículos de tracción mecánica, con 520.000 euros. También destacan 1,3 millones de euros en concepto de ICIO, pese a que esta partida cae un 13% respecto al año pasado, y 2,2 millones en transferencias corrientes, más de lo previsto en 2025 por el refuerzo de la financiación de la escuela infantil y por aportaciones de la DPT y la DGA.

El gasto en bienes corrientes y servicios se reduce hasta 3.602.250 euros, un 4,35% menos, mientras que los gastos financieros ascienden a 12.400 euros. En transferencias corrientes se han consignado 380.800 euros, con ayudas nominativas a entidades sociales, culturales y deportivas, entre ellas una nueva subvención para el Andorra C.F. y 195.000 euros para la Comarca Andorra-Sierra de Arcos.

El debate plenario estuvo marcado por las críticas de la oposición. Vox consideró que los ingresos están sobredimensionados y lamentó que no se haya ejecutado todo lo presupuestado el pasado año. El PAR rechazó unas cuentas que calificó de rígidas y sin planificación estratégica. El PP, por su parte, denunció que cerca del 85% del presupuesto se destina a personal y gasto corriente, y pidió una reorganización de los servicios municipales para ganar margen de inversión. Izquierda Unida defendió unas cuentas “saneadas”, con déficit cero, mientras que el alcalde, Rafa Guía, sostuvo que se trata de un presupuesto realista y basado en criterios técnicos.

El pleno aprobó además, por unanimidad, desestimar las alegaciones presentadas por el contratista del servicio de Gestión del Hostal San Macario, al considerar acreditado el incumplimiento del contrato y la retirada de bienes necesarios para la prestación. La empresa deberá indemnizar al Ayuntamiento con 25.661,80 euros, cantidad a la que se descontará la garantía incautada de 3.600 euros.

También salieron adelante dos acuerdos relacionados con las obras de rehabilitación del edificio interadministrativo de servicios al ciudadano: la desestimación de alegaciones del contratista y la ampliación excepcional del plazo de ejecución hasta el 20 de mayo de 2026.

En el tramo final de la sesión, el pleno debatió una moción del PSOE en defensa del mantenimiento de las oficinas liquidadoras en Aragón. La propuesta prosperó con los votos favorables del PSOE y Teruel Existe, mientras PP y Vox votaron en contra, IU se abstuvo y el PAR también optó por la abstención. Los socialistas alertaron de que el cierre de estas oficinas perjudicará al medio rural y obligará a los vecinos a desplazarse o tramitar gestiones por vía telemática.

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