El Ayuntamiento de Alcañiz sacó adelante este lunes el plan económico-financiero 2026-2027, una herramienta obligatoria tras el incumplimiento de los criterios de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto en la liquidación del ejercicio 2025. La medida obtuvo el respaldo de 10 concejales, mientras que PSOE e IU votaron en contra y el edil no adscrito, Joaquín Egea, se abstuvo.
Desde el equipo de gobierno se defendió que el desequilibrio responde al desfase entre la ejecución de obras relevantes, la llegada de subvenciones y la imputación de ingresos en distintos ejercicios. La concejal de Hacienda, Anabel Fernández, explicó que varias actuaciones iniciadas en 2024 se prolongaron hasta 2025, lo que ha alterado el cierre presupuestario, y añadió que el aumento del gasto de personal ligado a la Relación de Puestos de Trabajo rondará los 800.000 euros en las cuentas de 2026.
Fernández también señaló los sobrecostes de proyectos como el de la Lonja, cuyo modificado se aproxima al millón de euros. En este contexto, el Ayuntamiento ha descartado recurrir al préstamo inicialmente previsto y optará por frenar nuevas inversiones hasta culminar las ya iniciadas. El plan incluye, además, una subida de tarifas en la Escuela de Música, que aumentará cinco euros, y la actualización de varios precios públicos en instalaciones deportivas, con la previsión de ingresar algo más de 52.000 euros adicionales.
La oposición cargó con dureza contra la propuesta. El PSOE denunció una falta de planificación real del presupuesto y un uso excesivo del remanente, que desde el inicio de la legislatura habría pasado de más de 4 millones de euros a alrededor de 270.000. Los socialistas calificaron las medidas de poco creíbles y advirtieron de que el coste recaerá sobre la ciudadanía. IU coincidió en criticar la gestión municipal y planteó que la solución podría pasar por renunciar a servicios externalizados antes que trasladar la carga a las familias.
Joaquín Egea también se mostró en desacuerdo con las medidas elegidas por el gobierno municipal y cuestionó que se descartara una subida del IBI, que, según afirmó, habría supuesto más de 300.000 euros para las arcas públicas. Por su parte, PAR y Vox defendieron el plan y aseguraron que se trata de un desajuste puntual que se corregirá a corto plazo, sin comprometer los servicios esenciales de la ciudad.
El pleno abordó también la propuesta para que el vial de acceso al nuevo Hospital de Alcañiz lleve el nombre del exalcalde José María Pascual Fernández-Layos. La iniciativa, impulsada por el PP, salió adelante con los votos favorables de PP, PAR, Vox y Joaquín Egea, y el rechazo del resto de formaciones.
El concejal de Cultura, Javier Climent, destacó el papel de Pascual Fernández-Layos en los primeros años de la democracia en la capital bajoaragonesa, mientras que la oposición rechazó el nombre por considerar que mantiene vínculos con los últimos años del franquismo. PSOE e IU defendieron conservar la denominación de Val de Zafán, en referencia al camino histórico que dio origen a la actual avenida. En la misma línea, Egea reprochó que la propuesta se haya demorado hasta después de las elecciones para evitar polémicas.
Antes del debate de fondo, el pleno dio la bienvenida a Ángela Lara como nueva concejal del grupo socialista, en sustitución de Jorge Abril, que dejó el Ayuntamiento para asumir la gerencia del Consorcio de los Íberos de Aragón. Lara prometió el cargo, recibió la banda y el pin corporativos y agradeció el recibimiento, comprometiéndose a trabajar por la mejora de la ciudad.
Entre los otros asuntos del orden del día, el pleno aprobó la nueva normativa de convivencia cívica, que fija criterios mínimos para el buen uso de los espacios públicos y compartidos, con medidas sobre pintadas, vertidos de escombros o actuaciones contra el medio ambiente. La propuesta contó con el apoyo de todos los grupos salvo IU, que se abstuvo por discrepancias con algunos puntos relativos a la mendicidad.
Asimismo, se aprobaron por unanimidad los precios públicos de la zona azul de Alcañiz, que se mantienen sin cambios para la nueva concesión. Con este trámite, el Ayuntamiento da el último paso para licitar el contrato y mejorar el servicio en el menor plazo posible.
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