Diversas organizaciones sociales, sindicales y políticas de Aragón han puesto en marcha en los últimos días puntos de información y asesoría para resolver dudas sobre la prórroga de los contratos de alquiler prevista en el Real Decreto 8/2026, ante la ausencia de una respuesta institucional clara para las personas afectadas.
La medida se encuentra pendiente de votación en el Parlamento español el próximo 28 de abril y su continuidad está en el aire, ya que la derecha parlamentaria, con PP, Vox y Junts, podría tumbarla. Mientras tanto, colectivos aragoneses han comenzado a desplegar atención presencial y canales de consulta en distintos municipios de la comunidad para orientar a inquilinos e inquilinas sobre los pasos a seguir.
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