La Audiencia Provincial de Teruel ha condenado a un vecino de Bordón, de 76 años, como autor de unas amenazas y de un episodio de maltrato ocurrido la mañana del 13 de enero de 2025 durante una visita institucional al nacimiento del río de la localidad, organizada para avanzar en la mejora de la calidad del agua del municipio.
El acusado ha reconocido los hechos y se ha conformado con la pena solicitada por la Fiscalía y la acusación particular, representada por el abogado Javier Monzón: un año de prisión y multas por un total de 1.500 euros.
Según recoge la sentencia, aquel día el alcalde de Bordón, Álvaro Jarque; el teniente de alcalde, José Antonio Falcó; un concejal; el presidente del Instituto Aragonés del Agua, Luis Estaun; dos miembros de la Diputación de Teruel; el presidente del PAR en Aragón, Alberto Izquierdo, y la responsable de prensa de esta formación se dirigieron en dos vehículos hacia el manantial por un camino próximo a la Masía El Focino, propiedad del acusado.
A la vuelta, y al advertir su presencia, el procesado reprochó al alcalde y al teniente de alcalde que hubieran pasado sin su permiso por un camino que consideraba de su propiedad y les dirigió expresiones de gran violencia, entre ellas: «¡Os voy a romper el garrote en la cabeza, yo acabaré en la cárcel, pero vosotros no vais a salir vivos!».
Ante la tensión generada, el teniente de alcalde se bajó del vehículo y el hombre se abalanzó sobre él, agarrándole por el pecho. Aunque después indicó por dónde debían regresar, volvió a interponerse cuando el alcalde y Falcó intentaban abandonar el lugar.
En ese momento, el regidor descendió del coche y el acusado se dirigió hacia él, lo sujetó por la pechera y le insistió en que debían volver andando, que cerraran bien el vehículo y que tenía preparada una lata de gasolina.
La comitiva acabó regresando a pie hasta el pueblo, situado a unos cinco kilómetros, y posteriormente fue recogida por el padre del alcalde y por el secretario municipal. Más tarde, volvieron al lugar acompañados por agentes de la Guardia Civil para recuperar los vehículos.
La Audiencia condena al septuagenario por un delito de atentado contra la autoridad, al tratarse el alcalde y el teniente de alcalde de miembros de la corporación local, así como por dos delitos leves de maltrato de obra y dos delitos leves de amenazas.
Pese a la condena, no ingresará en prisión. La pena de cárcel queda suspendida al ser inferior a dos años y no constar antecedentes penales, con la condición de que no vuelva a delinquir en un plazo de dos años.
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