El caso judicial que salpica a Fernando Samper y a Forestalia vuelve a situar en el centro del debate el modelo de implantación de renovables en Aragón. La investigación apunta a posibles conflictos de interés, contactos con intermediarios políticos y falta de transparencia en la relación de la empresa con el Ministerio para la Transición Ecológica y el INAGA.
La controversia se enmarca en un contexto de creciente rechazo social al despliegue de grandes proyectos energéticos en el territorio aragonés, cuestionados por su impacto sobre el medio rural y por la concentración de poder en torno a unas pocas empresas. En Aragón, las dudas sobre los procedimientos, los vínculos empresariales y las decisiones administrativas alimentan una crítica cada vez más extendida al modelo extractivo de renovables.
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