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La Plataforma de Acción por la Memoria en Aragón (PAMA) ha advertido del “componente fascista” que, a su juicio, contiene el acuerdo alcanzado entre PP y Vox. La organización sostiene que el pacto “rezuma odio, racismo y xenofobia” y expresa su preocupación por el alcance político y social de unas medidas que, consideran, suponen un retroceso en materia de convivencia y derechos.

PAMA enmarca esta crítica en el debate aragonés sobre memoria democrática y alerta de que la alianza entre ambas formaciones normaliza discursos excluyentes. La plataforma insiste en que el contenido del acuerdo no solo responde a una estrategia partidista, sino que también alimenta posiciones contrarias a los valores democráticos y de respeto a la diversidad en Aragón.

El diputado de CHA en las Cortes de Aragón, Miguel Jaime, ha criticado que el acuerdo entre PP y Vox vuelva a dejar fuera una pieza que considera clave para el futuro del territorio: la Ley de Dinamización Rural. A su juicio, el pacto entre ambas formaciones “ignora” una normativa que debería servir para impulsar de forma real el medio rural aragonés y frenar la pérdida de población en numerosos municipios.

Jaime ha defendido la necesidad de poner en marcha una estrategia efectiva para Aragón rural, con medidas concretas y una aplicación decidida de políticas públicas que respondan a las necesidades de los pueblos. En este sentido, ha insistido en que no basta con anunciar intenciones, sino que hace falta ejecutar actuaciones que contribuyan a dinamizar el territorio y a garantizar servicios, oportunidades y futuro para sus habitantes.

Desde CHA consideran que la ausencia de esta ley en el marco del acuerdo de gobierno evidencia la falta de compromiso con el medio rural y con una planificación a largo plazo para Aragón. Para Jaime, la dinamización del territorio no puede seguir relegándose, especialmente en una comunidad donde la despoblación y el desequilibrio territorial siguen siendo uno de los principales desafíos.

La decisión del alcalde de Barbastro de impedir la interpretación del ‘Canto a la libertad’ durante la celebración del 23 de abril ha generado malestar entre parte de la ciudadanía, que ve en este episodio un nuevo ejemplo de limitación a la libertad de expresión y al reconocimiento de la identidad aragonesa.

La polémica se ha extendido entre vecinos y vecinas de la localidad, que consideran que lo sucedido refleja una forma de gobernar cada vez más restrictiva con los símbolos culturales propios de Aragón. Desde el PSOE de Barbastro han calificado los hechos de “lamentables” y han reclamado que no vuelvan a repetirse.

La Plataforma de Afectados por la Reforma del Coso y la Plaza de San Miguel ha vuelto a cuestionar la idoneidad de la anchura de la calzada en Plaza San Miguel para permitir el paso de vehículos de emergencias. El colectivo reclama que el vial alcance los ocho metros de ancho y critica el procedimiento utilizado por el Ayuntamiento de Zaragoza para comprobar si el espacio actual resulta suficiente.

Los afectados consideran que la prueba realizada por el consistorio no ofrece garantías y sostienen que la actuación municipal no responde a las necesidades reales de acceso de ambulancias, bomberos y otros servicios de urgencia. La plataforma insiste en que la configuración actual de la plaza debe revisarse para asegurar una circulación segura y efectiva en caso de emergencia.

Cambiar Huesca e Izquierda Unida han criticado la gestión de la derecha en materia de movilidad tras la recepción de las obras del carril bici en Uesca. Ambas formaciones consideran que la actuación no responde a las necesidades de la ciudad y cuestionan la eficacia del proyecto para mejorar la conexión ciclista y la seguridad vial en el entorno urbano.

Desde estas organizaciones señalan que la infraestructura llega con deficiencias y que la planificación del trazado no ha estado a la altura de lo que requiere la capital oscense. A su juicio, la recepción de la obra no cierra el debate sobre un modelo de movilidad más sostenible, sino que evidencia, una vez más, la falta de ambición en las políticas impulsadas por el actual gobierno municipal.

Georgina Orellano, activista y secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), ha reivindicado el derecho de las trabajadoras sexuales a definirse por sí mismas y ha defendido la organización sindical como una herramienta clave frente a la estigmatización y la violencia institucional.

Autora de *Puta feminista*, Orellano ha cuestionado el enfoque punitivista de parte del feminismo y ha denunciado la criminalización del trabajo sexual en un contexto de fuerte avance de políticas represivas y de recorte de derechos en Argentina bajo el gobierno de Javier Milei.

La sindicalista ha subrayado que la lucha organizada de las trabajadoras sexuales argentinas nació en un contexto de represión y encierro, en una experiencia que marcó el inicio de una reivindicación colectiva por la dignidad, los derechos laborales y el reconocimiento social.

El espacio autogestionado Kike Mur, en Zaragoza, afronta estos días una nueva amenaza de desalojo en medio de una fuerte respuesta vecinal y social. Mientras el debate político vuelve a situar en el centro a este enclave del barrio, distintos colectivos han querido subrayar el papel que ha desempeñado como punto de apoyo comunitario y como lugar de organización solidaria en la ciudad.

Durante la emergencia provocada por la DANA en Valencia, el Kike Mur se convirtió en centro de recogida y distribución de alimentos y material de primera necesidad. La respuesta vecinal permitió canalizar toneladas de ayuda que fueron clasificadas y enviadas de forma coordinada, en una labor en la que participaron activistas, asociaciones del barrio y personas voluntarias. Desde el entorno del espacio se destaca que este trabajo se realizó con orden y en colaboración directa con el movimiento social de Zaragoza.

La situación ha reavivado también el debate sobre el uso de los espacios okupados en la capital aragonesa. Para sus defensores, el Kike Mur ha funcionado como un lugar útil para el barrio y para la ciudad, más allá de la polémica política que lo rodea. Para sus detractores, en cambio, el inmueble sigue siendo un símbolo de la ocupación ilegal. En este contexto, el movimiento vecinal insiste en que el espacio ha demostrado su valor en momentos de necesidad y reclama que se tenga en cuenta su función social antes de ejecutar cualquier desalojo.

El barrio zaragozano de Chueca ha activado la ofensiva institucional para desalojar el CSO Kike Mur, situado en la antigua cárcel de Torrero. El Gobierno municipal de PP y Vox ha dado luz verde al plan para habilitar en el recinto un equipamiento destinado a personas mayores, un paso que abre la vía a acudir a los tribunales para expulsar del espacio al centro social okupado.

El Kike Mur acumula más de 15 años de actividad en el barrio y cuenta con un amplio respaldo vecinal y social. La decisión municipal ha reavivado la preocupación entre colectivos y asociaciones, que temen la desaparición de un proyecto comunitario consolidado en Zaragoza.

La Asociación de Vecinos Venecia ha denunciado falta de transparencia en la tramitación del plan, mientras que el colectivo El Cantero ha puesto en duda la necesidad real del proyecto. Por su parte, Zaragoza en Común ha vinculado esta actuación a una “agenda oculta” contra los espacios autogestionados y comunitarios de la ciudad.

FAPAR ha criticado las “contradicciones” del acuerdo entre PP y Vox en materia educativa y ha advertido de que plantea un modelo que, a su juicio, favorece la privatización en Aragón.

La Federación Aragonesa de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado señala especialmente la concertación del bachillerato, el desvío de fondos públicos hacia guarderías privadas y la ausencia de un compromiso claro con la escuela pública.

La organización también lamenta que el texto no concrete avances suficientes en cuestiones como la atención a la diversidad cultural y la salud mental, ámbitos que considera prioritarios para el sistema educativo aragonés.

El próximo sábado 16 de mayo tendrá lugar en Aragón la actividad “Caminar el agua”, una ruta guiada por el río Jalón con salida desde Morata de Jalón. La propuesta, impulsada por los ayuntamientos de Morata de Jalón y Chodes junto a COAGRET, busca poner en valor este enclave natural del territorio y acercar a los participantes al paisaje fluvial de la zona.

La iniciativa forma parte de una acción de difusión y conocimiento del entorno del Jalón, en una jornada abierta a vecinos y visitantes de la comarca.