El coste del desalojo preventivo del número 8 del Paseo Nuevo de Caspe ya supera los 42.000 euros cuando se cumplen casi tres meses de la evacuación del edificio, mientras cuatro familias continúan sin una vivienda estable. La situación, originada por el riesgo de derrumbe detectado en el inmueble, ha derivado ahora en un nuevo choque político en el Ayuntamiento tras el rechazo de la oposición al suplemento de crédito planteado por el Partido Popular en el último pleno.
Según la documentación expuesta por el equipo de gobierno, el desembolso total asciende a 42.027,70 euros, una cifra en la que pesan especialmente la seguridad privada, con 18.125,80 euros, los vales de comida, por importe de 4.470 euros, y los trabajos técnicos encargados tras el desalojo, entre ellos el estudio geotécnico y el informe pericial del bloque, que suman 17.972,69 euros. Desde el Consistorio advierten de que, si no se aprueba una modificación presupuestaria, habrá que detraer fondos de otras partidas para poder hacer frente a las facturas pendientes.
El concejal de Hacienda, José Miguel Albiac, defendió que se trata de un gasto imprevisto y obligado por la urgencia de la intervención. Sin embargo, desde Vox se puso el foco en el coste de la vigilancia privada. Su portavoz, Germán Sanz, consideró desproporcionado que casi la mitad del gasto se haya destinado a seguridad cuando, a su juicio, había recursos públicos suficientes para esa labor. También lamentó la falta de información sobre todo el proceso.
Chunta Aragonesista insistió en que el edificio es de titularidad privada y que actualmente no tiene propietario efectivo, lo que complica la asignación de responsabilidades. Su portavoz, Rafa Guardia, recordó que la renuncia de los herederos puede derivar en que el inmueble pase a ser gestionado por el Gobierno de Aragón, por lo que defendió que el gasto debería repercutirse al Ejecutivo autonómico y no recaer sobre las arcas municipales.
Desde Somos Caspe también se cuestionó la elevada factura de la seguridad y se reclamó revisar otras alternativas que, según su portavoz, Cristian Poblador, no llegaron a valorarse. Además, denunció falta de coordinación institucional en relación con el supuesto reparto de costes con otras administraciones. El PSOE, por su parte, criticó la ausencia de transparencia y planificación en la gestión del caso. Su portavoz, Abraham Martínez, aseguró que el grupo lleva varios plenos pidiendo información sin obtener una respuesta clara sobre quién debe asumir finalmente los pagos.
El Partido Popular defendió su actuación apelando a la urgencia y a la gravedad de la situación. El equipo de gobierno sostuvo que el Ayuntamiento tuvo que actuar de inmediato ante un riesgo real de derrumbe y la necesidad de dar respuesta a las familias desalojadas sin margen para planificar con antelación. También justificó la contratación de seguridad privada durante la primera semana del realojo para coordinar la llegada de los afectados a los espacios habilitados temporalmente en el convento de Santo Domingo y en un refugio cedido por las hermanas de Santa Ana.
La alcaldesa, Ana Jarque, explicó además que la plantilla de la Policía Local, formada actualmente por 12 agentes, no permitía cubrir con medios propios todas las necesidades derivadas de la emergencia. El gobierno municipal sostiene que actuó como administración competente en primera instancia y que ahora trabaja para trasladar parte de los costes a otras entidades. En concreto, los gastos técnicos se intentarán incorporar como cargas asociadas al inmueble, mientras que los sociales se estudiará derivarlos a la Comarca.
Jarque afirmó también que se han mantenido reuniones y que la situación se ha explicado en distintas ocasiones, por lo que rechazó las acusaciones de opacidad. Subrayó que la prioridad del Ayuntamiento ha sido dar una respuesta inmediata a una emergencia social y de seguridad.
El futuro del edificio sigue abierto. Los informes técnicos apuntan a varias posibilidades, desde la reparación hasta la demolición o incluso la reconstrucción, aunque cualquier decisión dependerá del estado estructural del bloque y de su futura titularidad. Mientras tanto, el suplemento de crédito quedó tumbado con seis votos a favor del PP, ocho en contra de Vox, CHA y PSOE, y tres abstenciones de Somos Caspe.